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Opinión. Antonio Muñiz
El caso Milagro Sala, presa política en la Argentina de Macri
19.09.16. La líder de la Organización Barrial Túpac Amaru e integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), dirigente peronista y kirchnerista, Milagro Sala, está detenida en forma irregular e ilegítima desde enero de 2016. Su caso ha llegado hasta las ONU, a través de varias denuncias de organismos argentinos e internacionales que están denunciando esta violación a los derechos humanos.
 
 

La prensa canalla es cómplice y calla, cuando no se presta para operaciones mediáticas para calumniar  e insultar a dirigentes populares como Milagro Sala.

El sistema político también calla, salvo algunas voces aisladas que denuncian esta barbaridad jurídica. 

¿Y cuál es el crimen de Milagro Sala? 

No  fue  ni el desorden ni la violencia, ni siquiera la corrupción, Milagro es culpable por su  voluntad de construir  escuelas  y  centros deportivos. Y sobre todo viviendas  populares,  nuevas y saneadas para que a los niños y a los viejos de las familias de los pobres de la tierra no se los coman las alimañas ni los piquen las vinchucas que transmiten el Mal de Chagas.

Ell delito de Milagro es haber querido construir poder popular en Jujuy, querer dar dignidad al pueblo coya, dándole trabajo, vivienda  y educación. Algo imperdonable en una sociedad feudal como la jujeña, donde los Blaquier y el Ingenio Ledesma se creen dueño de vidas y haciendas y donde el pueblo humilde es solo mano de obra barata.

Jujuy, gobernada por décadas por un peronismo conservador y también con raigambre feudal que nunca intento modificar las estructuras sociales y económicas  y ahora reemplazado por un personaje grotesco como el radical Morales de triste y dudoso pasado, con innumerables denuncia de corrupción y enriquecimiento ilícito, En una alianza conservadora donde hay peronistas, radicales, Pro, massista y sobre todo la clase media blanca y la oligarquía jujeña.  

Para esta alianza Milagro Sala es un mal ejemplo. ¿Cómo le va a dar derechos a los coyas? ¿Cómo les va dar educación?,  ¿cómo les hace creer a esos negros que son iguales, que tienen derechos?  si han nacido para trabajar en los ingenios o de sirvientes. 

Milagro Ángela Sala –prisionera en el penal de Alto Comedero– posee formación, cultura y está protegida por sus fueros  legislativos: como parlamentaria local y parlamentaria en el transnacional Mercosur. Con ella se han violado las normas mínimas del debido proceso y las  garantías constitucionales que tenemos cada uno de los argentinos. 

Tanto el gobernador, apañado por las autoridades nacionales ha envestido en forma ilegal e ilegítima contra ella, sino también contra su familia y sus más cercanos colaboradores. Jujuy es hoy es un estado policial, donde reina el miedo, como en las peores épocas del proceso militar. 

Semanas atrás una importantísima delegación conformada por las diputadas nacionales Araceli Ferreyra, Josefina González y Myrian Bregman  y por reconocidos organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CORREPI, entre otros, encabezaron la comisión que recibió en el Hotel Fenicia de la ciudad de San Salvador de Jujuy las denuncias de diferentes sectores contra los atropellos patronales e institucionales del Gobierno de Morales (UCR) y Carlos Haquim (Frente Renovador).

Sus voceros dijeron  “de la tierra dominada por los Blaquier, aunque nos sigan amenazando, nos llevamos la certeza de que en Jujuy reina un Estado policial. Volvemos con el compromiso de visibilizarlo en todo el país y de enfrentarlo, poniendo nuestras bancas al servicio de la tarea de organizar la resistencia a la política de ajuste y represión del Gobierno de Morales”.

El gobierno de  Morales ensaya en Jujuy una política desmonte de todo lo hecho por la Tupac, tratando invisibilizar las obras y sobre todo lo hecho por la organización popular, demonizando a  sus dirigentes, comprando, cooptando o directamente atemorizando con amenazas y acciones para policiales a sus dirigentes.  Cuenta con el apoyo político, ideológico y sobre todo material del gobierno nacional que le envía partida de  dinero para pagos corrientes y fuerzas policiales para reprimir.  

Semana atrás obreros del Ingenio Ledesma fueron salvajemente agredidos por la policía y a gendarmería, por el hecho de luchar por su salario y mejores condiciones laborales a través de la paritaria. En Jujuy queda claro se está volviendo a épocas nefasta que creíamos superadas, pretenden negar los más mínimos derechos laborales y restaurar el sistema conservador feudal pre peronista. 

Tenemos la obligación como dirigentes populares de  denunciar estos atropellos a los más simples derechos humanos, políticos y sociales. Denunciar que el régimen oprobioso de los Blaquier – Morales está construyendo un estado policial en Jujuy, donde se criminaliza la protesta y el disenso. Tenemos que organizar, apoyar las acciones existente,  iniciar un plan de lucha que denuncie lo que está sucediendo, ya que Jujuy es hoy un ensayo de la represión que quieren aplicar a nivel nacional.

La justicia no puede ser el  arma represiva  del sistema, no podemos permitir  la judicialización de la política y la protesta social, porque ese accionar además de vulnerar los derechos ciudadanos corrompe al sistema judicial, convirtiéndolo en un sector desacreditado tal como pasa por los jueces y fiscales jujeños, pero también los de Comodoro Py, que se han convertido en un feudo de lo peor de los servicios de inteligencia y de las corporaciones mediáticas y económicas. 

Cuidado!  Argentina pago muy caro en otras épocas la vulneración de derechos ciudadanos y la  corrupción en sus estamentos de poder.  Nada es  gratis,  en la vida y en la política todo vuelve.

Por ello es necesario construir  una corriente amplia de argentinos capaz de torcerle el brazo al gobierno jujeño, así como al gobierno nacional, diciéndoles Basta!!  Hasta acá llego nuestra paciencia!!

 
 
 
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Nick
 
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