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Provinciales. Tarifazo
"Está en juego la democratización de los servicios públicos"
29.08.16. Invitado por la Multisectorial Luján, el juez Luis Arias brindó una charla ante más de 120 personas. El magistrado platense analizó los derechos que se ven afectados por la suba de tarifas, afirmó que "Aranguren no puede ser ministro de Energía" y que los gobiernos nacional y provincial "están naturalizando la violación a las leyes y órdenes judiciales".
 
 

Autor: Mauro Perna

Convocadas por la Multisectorial Luján, más de 120 personas se acercaron anoche al Hotel de la Paz para escuchar al juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, autor de la medida cautelar que dejó sin efecto la suba de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Previo a la Audiencia Pública ordenada por la Corte Suprema y fijada por el gobierno nacional para el próximo 12 de septiembre, el magistrado platense esclareció aspectos del marco normativo que regula la prestación de los servicios públicos y subrayó los derechos fundamentales que se ven afectados por el tarifazo.  

Arias comenzó destacando la labor de las Multisectoriales: “Me tomo este trabajo de ir a distintos lugares porque creo que esta es la forma de construcción que va a dar resultados hacia el futuro frente a medidas como esta, de aumento de tarifas, que comenzaron a avasallar derechos fundamentales de las personas”, declaró. “La cuestión de los servicios públicos a veces aparece dentro del ámbito del derecho público como una cuestión empresarial vinculada a las privatizaciones y nunca ligada a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Creo que el esfuerzo que hemos hecho muchos por ligar estos conceptos en el ámbito teórico, se vieron plasmados en la realidad con este aumento de tarifas. Porque aquí está en juego no solo la audiencia pública, sino muchos otros derechos que están en riesgo”, completó.

Derecho a la información y a la participación

El magistrado señaló que, a diferencia de la actividad privada, en lo que atañe a los servicios públicos “la información tiene que estar disponible a la población porque está alcanzada por el principio de la publicidad de los actos de gobierno. La información no es del gobierno. La información es de todos por ser un servicio público y la gente tiene derecho a conocer la verdad”.

Aplicando este principio al caso de los aumentos de las tarifa de gas, Arias explicó que “el derecho a la información es crucial porque aquí hay un punto que no se logra dilucidar. Nosotros le veníamos comprando gas a Bolivia a un valor de tres dólares y pico. El gobierno dejó de comprarle explicando que el gobierno boliviano no estaba en condiciones de suministrar más gas. Inmediatamente salió el gobierno boliviano a decir que eso no era cierto y que estaban dispuestos a suministrar a Argentina todo el gas que fuera necesario siempre que nosotros lo requiriéramos. Pero a su vez nosotros empezamos a comprarle gas a Chile al doble de valor, unos siete dólares aproximadamente, y resulta que quienes manejan la operación de la venta de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, es decir, el gas en “boca de pozo”, es la British Gas, una subsidiaria de la Shell, donde el ministro de Energía tiene acciones”.

“Entonces, hay que decirlo con todas las letras: Aranguren no puede ser ministro de Energía. Es ahí donde surge todo el problema porque no pone la mira en los intereses de los usuarios sino que tiene intereses empresarios. El aumento global de la tarifa de gas tiene que ver con la compra del gas a estas empresas de la cual él es accionista. Esto sería un escándalo en cualquier lugar del mundo y sin embargo aquí se intenta naturalizarlo. Se está violando la ley de ética pública, cuyos artículos prohíben asumir una función cuando se tiene intereses contrapuestos”, subrayó.

El aumento del gas en “boca de pozo”, sostuvo, “es el que determina el mayor porcentaje del aumento, cerca de un 70 por ciento, de la tarifa que nos llega a nuestros hogares. El ministro nunca brindó información sobre esto, ni siquiera en la Cámara de Diputados. El gobierno se ampara en que este punto no es parte del servicio público. Y es cierto que el marco regulatorio del servicio de provisión de gas no lo contempla como parte del mismo, como sí lo hace con el transporte y la distribución. Conforma un mercado desregulado. Pero es una gran mentira, porque aún siendo así el gobierno debería encarnar los intereses de la sociedad. Él como mandatario está obligado a rendir cuentas frente a sus mandantes. El almacenero de la esquina no está obligado a decirnos por qué nos cobra lo que nos cobra, pero quienes manejan los servicios públicos sí. Además, la Corte ahora le ha dicho que hay un decreto del año 2004 que lo sometió a ese régimen de servicio público. Sin embargo, todavía no tenemos información al respecto”, continuó.

“Se convocó a una audiencia pública, pero no tenemos información. ¿A qué vamos a ir a la audiencia pública, a una reunión de amigos? Sin información no se puede debatir nada. Tenemos que escindir estos dos derechos: a la información y a la participación. La audiencia pública viene a contemplar el derecho a la participación, pero ésta no se puede dar en un pie de igualdad si no tenemos derecho a la información. Por eso muchos usuarios han impugnado esta audiencia pública”, analizó el juez platense.  

Respecto a los topes a los aumentos anunciados por el Ejecutivo nacional, Arias evaluó que “fue una puesta en escena política para dar una respuesta a la población, pero las resoluciones ministeriales que dieron lugar al aumento del gas estaban anuladas cuando el gobierno anunció la limitación. No se puede limitar lo anulado, es como querer pintar una pared que fue demolida”. “El escándalo es que se naturalizó la violación a las leyes y a las órdenes judiciales. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires con las tarifas eléctricas que se pretenden cobrar ilegalmente”, sentenció, en tanto remarcó que “la Audiencia Pública debe ser previa, además. Nunca puede ser retroactiva, es decir, no se puede poner un aumento y después convocar la audiencia para convalidarlo. Esto es importante porque es lo que se pretendió hacer en la provincia de Buenos Aires con la audiencia del pasado 28 de julio en Mar del Plata”.

Derecho a la vivienda digna y derecho al trabajo

Retomando las implicancias legales del tarifazo, Arias afirmó que la magnitud del aumento generó que “empezaran a tallar otros aspectos que no tienen que ver con los derechos a la información y a la participación, y que son parte del principio democrático. La democracia no es solo ir a votar periódicamente. No es una democracia representativa sino participativa. Se hace día a día participando. Esto dijo la Corte y tiene un gran valor desde el punto de vista político”.

“El derecho a los servicios públicos forma parte del derecho a la vivienda adecuada. El derecho a la vivienda adecuada no es solamente vivir entre cuatro paredes y tener un techo sobre la cabeza. También es poder calentarse cuando hace frío, poder cocinar un alimento, abrir la canilla y que salga agua potable. Entonces, el derecho a la vivienda se integra con el derecho a los derechos básicos, sobre todo el derecho al agua y a la energía eléctrica. Por eso nosotros, en su momento, le dijimos a ABSA que no se puede cortar el servicio de agua a los que no pagaban, porque es un derecho fundamental”, amplió.

“Lo que sucedió acá es que efectivamente muchos usuarios no podían pagar las tarifas. Así como la Corte en un momento definió que más de un 33 por ciento de un impuesto que grave determinada actividad es confiscatorio, va a haber que determinar qué porcentaje del salario medio de un trabajador se puede afectar con un aumento de tarifas. Porque los servicios deben ser asequibles, a un costo razonable. Hay un principio de razonabilidad de las tarifas. Esto quiere decir, pagar un alquiler más los servicios de luz, agua y transporte no pueden superar determinado porcentaje de un salario porque si no empezamos a afectar otros derechos, porque además de vivir en una casa la gente tiene que alimentarse. La discusión que se da es si hablamos en términos de derechos o de una simple planilla de Excel. Acá está en juego la democratización de los servicios públicos”, apuntó.

Además del derecho a la vivienda, consideró Arias, “indirectamente tenemos en juego el derecho al trabajo porque muchas de las pequeñas y medianas empresas y comercios no pueden subsistir con una tarifa alta, y esto redunda en pérdida de puestos de trabajo”. “A Cerámica Zanon, que facturaba 10 millones, le llegó 8 millones de gas y 1 millón de luz. ¿Cómo hace para seguir trabajando? El comerciante tiene que elegir entre mantener la heladera prendida o echar un empleado. Entonces, esto perjudica de un modo indirecto el derecho al trabajo. El daño social que causa un aumento de tarifas de esta magnitud es inconmensurable si se llegara a aplicar”, precisó.

Energía eléctrica

En el caso de los aumentos en las tarifas del servicio eléctrico, el magistrado explicó que, a diferencia del servicio de gas, “hay concesiones que son federales y hay otras que son provinciales. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires tenemos dos tipos de concesiones, federales en el caso de Edenor y Edesur en el caso del Gran Buenos Aires, y provinciales en el resto? Porqué es una derivación del principio de subsidiaridad del Estado que se pregonaba desde el Consenso de Washington en la época de las privatizaciones. ¿Qué significa esto? Que el Estado no debe hacer todo aquello que sea rentable, debe entregarlo a empresas privadas. Entonces recortaron la parte rentable del servicio eléctrico, que es la distribución en Capital y Gran Buenos Aires, y todo lo que no era rentable se lo tiraron por la cabeza a la provincia”.

“No es lo mismo darles distribución a mil familias en el Gran Buenos Aires que en Trenque Lauquen. La parte que es rentable de Edenor y Edesur, que facturan miles de millones, se están llevando una parte importante de los recursos que genera el sistema de distribución que deberían ser volcados para compensar aquellos que no son rentables en el interior de la Provincia, donde están las cooperativas”, ilustró.

“Ahora bien, las cooperativas son empresas de carácter social y en vez de ponerse del lado de sus propios usuarios y defender esos intereses exigiéndoles que no les aumenten a ellos el servicio eléctrico a través de Camesa -que es la administradora del mercado eléctrico mayorista-, se ponen en contra de los propios usuarios. Yo creo que las cooperativas son las primeras que tendrían que haber salido a reclamar”, valoró el juez en lo Contencioso Administrativo.

“El gobierno de la Provincia dictó una resolución, por la cual habilita a las empresas distribuidoras y cooperativas a aumentar el servicio eléctrico, resolución que yo declaré nula. Además hay otros fallos que suspenden el aumento para todas las distribuidoras usuarias del mercado eléctrico mayorista, es decir, de Camesa, como el de la jueza federal de San Martín, María Isabel Fons. Hoy las empresas y cooperativas de la provincia de Buenos Aires, con los aumentos que pretenden cobrar, están al margen de la ley. No cumplieron las leyes y no cumplieron las sentencias”, señaló Arias, quien no dudó en calificar las medidas como proipias de “un Estado de facto”.

“Van a tener que devolver lo que cobraron”

El juez sostuvo que “la gente no tiene demasiados recursos, tiene que ir y pagar sino le cortan el servicio. El poder es inmenso porque está el poder de las empresas, más el poder del gobierno provincial que las habilita de facto, más el poder de los medios. Por eso si a esto no se le opone una fuerte organización popular no se frena. Por eso hay que alentar estos espacios, donde todos los sectores tienen que estar unidos detrás del mismo objetivo”.

“Las cooperativas están queriendo cobrar un aumento que ellas no pagan porque la tarifa de Camesa está suspendida por la Justicia. Si están queriendo cobrar algo que ellos no pagan hay un enriquecimiento sin causa. Ellos insisten en cobrar los aumentos porque dicen que el Oceba los ha habilitado. ¿Dónde está el acto administrativo de Oceba que los habilita? Además, Oceba es incompetente para habilitarlos. Esto es un escándalo. No normalicemos esta situación. Hay un poder fáctico en la provincia de Buenos Aires que se está manejando al margen de la ley y al margen de las resoluciones judiciales. Nosotros estamos de rehenes porque son servicios monopólicos y por tanto no podemos salirnos de ese sistema”, agregó, en tanto destacó que “no pueden aumentarse las tarifas si no hay una audiencia pública previa. Por más que la Cámara resuelva lo que quiera, tarde o temprano las empresas van a tener que devolver lo que cobraron hasta el presente”

El Civismo. Lujan
 
 
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