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Tensión en Jujuy tras el violento desalojo de una manifestación.
Opinión. Movimiento Popular Mariano Moreno
Todos los medios, el miedo. De la democracia discursiva al autoritarismo del decreto
11.01.16. La democracia actual se construye en mayor medida a partir de los medios de comunicación, y los mensajes que éstos construyen y difunden por los canales tradicionales de debate y participación popular y partidaria. Hoy en día un candidato, un partido político y su propuesta, pueden ser construidos desde un medio de comunicación y su conglomerado que hace posible la instalación de una figura, hasta hacía poco desconocida, en la agenda pública. Ese es el verdadero poder de los medios de comunicación en nuestros días. Y eso responde a intereses netamente económicos de sectores altamente concentrados de la economía que fueron consolidándose en estos últimos 25 años llegando a ser grandes monopolios que se vinculan desde diversas actividades controlando toda la producción de contenidos y distribución de mensajes, opiniones y por lo tanto la producción de sentido en el modo de qué pensar y qué es lo importante para la población.
 
 

Regular esa actividad y evitar la concentración mediática es uno de los principales desafíos que tiene la democracia a nivel mundial. Cada país tiene “su grupo Clarín” que homogeniza una manera de pensar las costumbres y la idiosincrasia de cada sociedad. En Brasil es la Cadena O´Globo; en Venezuela en Radio Televisora Caracol; en México es Televisa; en España, Prisa; en Estados Unidos Fox News. Todos estos grupos concentran tanto poder económico que son ellos los que pretenden digitar las políticas públicas que debe llevar adelante el gobierno de turno. Y cuando el gobierno no responde a sus intereses u objetivos, la guerra queda declarada.

 

Las leyes 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la 27.078 de Convergencia Tecnológica llamada Argentina Digital fueron dos normativas ampliamente debatidas en el seno del Congreso Nacional y tuvo una alta participación de la sociedad civil en pos de democratizar el uso del espacio que tienen los medios de comunicación y dar posibilidad de voz a aquellos sectores que con anterioridad no sólo no podían hacerlo sino que eran perseguidos por el Estado.

 

Ahora cabe preguntarse por qué un gobierno que asume con un discurso de consenso, de respeto por las instituciones y por los valores republicanos del país (valores que en algún momento serían buenos ponerlos a debate), emprende una descarnada lucha contra las dos leyes más democráticamente debatidas y promulgadas de los últimos 15 años llegando al extremo de anularlas por decreto y dejando sin efecto sus respectivos directorios en cuyos espacios estaban la mayor representatividad posible de los actores vinculados al ejercicio de la comunicación y las telecomunicaciones. Demás está decir que los grandes grupos mediáticos no tenían participación en esos directorios ya que lo que buscan estas leyes es desconcentrar el ejercicio de la comunicación y la alta cantidad de licencias que una empresa puede poseer.

 

El actual gobierno empresarial que encabeza el ejecutivo dictaminó de manera autoritaria no hacer caso a la legalidad manifiesta de estas dos leyes y decidió ir por aquello que más le molesta: el ejercicio práctico y cotidiano de la democracia. Procurar el cierre o anulación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) como de la AFTIC, que es la autoridad pertinente para la ley Argentina Digital, está enmarcado en la práctica más nefasta de gobiernos neoliberales que arremeten contra la institucionalidad que ellos proclamaban defender.

 

Es de esperar que comiencen a alzarse las voces de un amplio sector que hizo suya la pelea por la democratización de las comunicaciones e hizo carne el logro de tener una ley de medios de la democracia echando por tierra aquella vieja ley de la dictadura cívico militar que pretendía a la comunicación como un ejercicio propio de empresarios y que proponía como órgano de contralor un comité representativo de jefes de las tres fuerzas y las cámaras empresariales del sector. El investigador y docente Diego Rossi sintetiza claramente que “No existen razones que puedan avalar tal ilegitimidad de origen para cargarse a dos organismos creados por leyes del Congreso con apoyo popular.

 

El Estado Nacional utilizó el procedimiento de elaboración participativa de normas para reglamentar la LSCA y el servicio de Televisión Digital (Decreto 2456/2014 y resoluciones AFSCA). (…) No hay razones para aceptar de buena fe la vulneración de procedimientos democráticos”[1].

 

Efectivamente este gobierno descree de las prácticas democráticas para la sanción de leyes y en cambio propone un ejercicio autoritario con el cual pretende devolver favores a sectores empresariales que tuvieron una fuerte compulsa con el gobierno anterior precisamente por el hecho de pretender quitarles beneficios extraordinarios a la hora de ejercer “el periodismo independiente”.

 

Los medios construyen sentido y en este momento cada espacio es vital para hacerse escuchar, leer y leerse y encontrarse en la arena de la política para que el medio no meta miedo y deje hacer a un gobierno que tiene intereses contrapuestos al pueblo.

 

 <movpopularmarianomoreno@gmail.com>

 
 
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