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Internacionales. Siguen las políticas de ajuste en Brasil
Rousseff impulsa cambios en el gobierno, con recorte de sueldos y la reducción de ocho ministerios
02.10.15. La presidenta de Brasil anunció una profunda reforma, en la que redujo de 39 a 31 el número de ministerios y en la que recortó un 10 por ciento de los salarios de los ministros, entre otras medidas. Sin embargo luego de meses de ajustes la economía sigue desplomándose, junto la imagen de la Presidenta, que hoy no llega a mas de un 10% de imagen positiva.
 
 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció una profunda reforma en la que redujo de 39 a 31 el número de ministerios y en la que recortó un 10 por ciento de los salarios de los ministros, entre otras medidas, con el objetivo de bajar gastos, recomponer la alianza de gobierno y recuperar apoyo en el Congreso para frenar un eventual pedido de juicio político.

En el marco de la reforma, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado y determinante en el Congreso, aumentará de seis a siete las carteras bajo su control, mientras que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) perdió la titularidad de tres ministerios, que fueron fusionados con otras carteras.

También como parte de las medidas, la presidenta desplazó a uno de sus hombres más leales, el hasta ahora jefe de del Gabinete Civil, Aloizio Mercadante, y puso en su lugar a al actual titular de Defensa, Jaques Wagner, en un gesto que responde a reiterado reclamo del ex presidente Luiz Lula da Silva, el PT, y el PMDB, al que pertenecen el vicepresidente Michel Temer, y los presidentes de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, que tienen una relación tensa con Rousseff y rechazaban al ministro y mano derecha de la mandataria.

La reforma llega en medio de una profunda crisis económica, de frente a un ajuste fiscal que enfrenta al Gobierno con las clases populares, y ante la amenaza de juicio político contra Rousseff

La reforma llega en medio de una profunda crisis económica, de frente a un ajuste fiscal que enfrenta al Gobierno con las clases populares, y ante la amenaza de juicio político contra Rousseff, como un intento por fortalecer su mandato y reconciliar posturas con el Congreso.

"Sabemos que existen dificultades que tienen que ser superadas para que la economía del país vuelva a crecer, pero para eso necesitamos estabilidad política y ese también es el propósito de esta reforma", aseguró la mandataria en una conferencia al justificar su mayor acercamiento al PMDB.

La jefe de Estado explicó que, además de mejorar la eficacia de la gestión y reducir gastos públicos, la reforma garantizará una "mayoría más estable" del gobierno en el Congreso, la "gobernabilidad" y la consecuente aprobación de las leyes y proyectos necesarios para superar la crisis económica.

La mandataria recortó un total de diez carteras, pero fueron creados otros dos ministerios, que resultan de la fusión de carteras extinguidas. La reforma contempla la eliminación de 30 secretarías y 3.000 cargos de confianza -los que otorgan los titulares o directores de organismos públicos sin mediar concurso-, la reducción del 10 por ciento de los salarios de los ministros y límites de gastos en los ministerios. El ahorro calculado por el gobierno a partir de la reforma es de 200 millones de reales (unos 50 millones de dólares) al año.

Lula da Silva, luego de tres encuentros en Brasilia con Rousseff, fue un actor clave en el nuevo gabinete donde cuenta con varios hombres de su confianza en el área política. El flamante ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner, es un experimentado dirigente del PT, ex gobernador de Bahía, y antiguo aliado de Lula, de quien fue ministro. Con la designación de Wagner, el ex mandatario obtuvo dos victorias: proyectó a la Casa Civil a un político con quien mantiene un diálogo fluido y separó del cargo a un dirigente como Aloízio Mercadante, que pese a ser petista nunca fue uno de los preferidos de Lula.

El respaldo del PMDB, uno de los espacios más beneficiados con la reforma, es vital para Rousseff en el Congreso para que avancen las medidas de ajuste fiscal y para frenar un eventual pedido de apertura de juicio político en su contra que pueda derivar en su destitución.

El presidente de la Cámara Baja, Cunha, quién está siendo investigado por corrupción dentro del caso Petrobras, rompió relaciones con el ejecutivo en agosto, y tanto él como Calheiros han boicoteado el ajuste fiscal propuesto por el equipo económico del gobierno. Al ceder en la salida de Mercadante y el aumento de carteras para el PMDB, el gobierno aspira a tener votos suficientes para impedir que prosperen los pedidos de destitución.

Según asesores presidenciales citados por el diario Folha de Sao Paulo, el oficialismo calcula que contará a partir de ahora con los votos de un mínimo de 50, del total de 66 diputados del PMDB, que serán vitales para evitar la apertura de un juicio político.

El nuevo pacto con las alas dominantes del PMDB, en tanto, es una señal de que las adversidades del gobierno intentan ser superadas en el momento más adverso del gobierno de Rouseeff.

En ese sentido, el PT admitió hoy el espacio perdido en el nuevo gabinete. "Es malo para nosotros, del PT, pero no había otra alternativa que ceder espacio en el diseño del gabinete", declaró el senador Humberto Costa, jefe del bloque del oficialismo, al hacer un análisis del nuevo elenco ministerial.

El haber negociado con la bancada del PMDB que demostró cierta "rebeldía con el gobierno" fue una decisión que "ayuda mucho" pues con ellos se garantiza la "gobernabilidad", aseguró Costa.

Desde la oposición, en cambio, consideraron que la reforma de gabinete “aisló” a la mandataria. Para Marina Silva, del partido opositor Red de Sustentación "Dilma está aislada" dentro del nuevo gabinete donde no queda prácticamente algún ministro que sea de su confianza, mientras que para el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, jefe del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) los cambios "pueden dar una supervivencia" política a Rousseff en el corto plazo pero no es una solución para los problemas de fondo.

Tanto Cardoso como Silva, no obstante, se manifestaron contra un eventual juicio político a Rousseff, que tiene un 69% de imagen negativa según una encuesta publicada esta semana por IBOPE.

 
 
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