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Opinión. EL DOBLE JUEGO SUCIO DE LA CORRUPCIÓN
Protestas, manipulaciones y desestabilización
21.08.15. Las manifestaciones de este fin de semana pasado en un centenar de ciudades de Brasil contra la presidenta, Dilma Rousseff, reflejan un clima de malestar social, pero también de manipulación política innegable.
 
 

Las manifestaciones de este fin de semana pasado en un centenar de ciudades de Brasil contra la presidenta, Dilma Rousseff, reflejan un clima de malestar social, pero también de manipulación política innegable.

Dilma Rousseff fue reelegida el año pasado, por un estrecho margen de votos, después de una dura campaña, en la que tuvo que superar primero la defección de una ministra ecologista con Lula, Marina Silva, y luego un acoso durísimo de su principal competidor, el "socialdemócrata" (sólo de nombre, en realidad liberal y patricio) Aecio Neves.

Desde su segundo triunfo electoral, la aceptación popular (medida por encuestas de discutible fiabilidad) ha ido cayendo en picado hasta derrumbarse por debajo del 10% de la población (un 8%, según el último muestreo). Nunca desde 1985, tras el restablecimiento de la democracia, un presidente había tenido un nivel tan bajo de popularidad en las encuestas.

Dos son los factores que movilizan a los descontentos: la persistencia de una crisis económica que ha acabado con la prosperidad de los últimos años y anuncia tiempos aún más duros y la incapacidad del sistema político para atajar y sancionar de forma convincente la corrupción, el gran cáncer político del país.

Empeoramiento de la vida e insatisfacción con la gestión de los bienes públicos son motores poderosos que, por sí solos, impulsan a muchos brasileños a echarse a la calle. Pero por detrás de este impulso sano y legítimo planea una motivación política de acabar con el primer periodo de gobierno de izquierdas en el país. Algunas iniciativas como el Vem Pra Rua,  Brasil Libre o Revoltados in Line tienen motivaciones ideológicas tanto o más que sociales.

 

EL FIN DE LOS BUENOS DÍAS

La situación económica no deja deteriorarse, como consecuencia del descenso en el precio del petróleo y las materias primas, provocado por el descenso de la demanda internacional. La inflación alcanza ya los dos dígitos. La economía se encuentra al borde de la recesión. La divisa nacional se ha depreciado fuertemente con respecto al dólar. Rousseff se ha visto obligado a adoptar fuertes medidas de austeridad ante la reducción de los ingresos públicos, a pesar de que prometió resistirse a ello durante la campaña.

Esta política de retracción del gasto público, ahora obligada por los efectos de la crisis internacional en la estructura económica interna, contrasta con el despilfarro imperdonable ligado al Mundial de fútbol del año pasado y a los Juegos Olímpicos del año próximo.

Las propias bases sociales que respaldaban a la Presidenta y al Partido del Trabajo, su grupo político, empiezan a volverle la espalda, como ha ocurrido en otros países donde la izquierda moderada no ha sido capaz de dar una respuesta a la crisis con recetas diferentes a las dominadas por la austeridad. Dilma Rousseff soporta un desgaste de su propio electorado más fiel, mientras se ve crecientemente acosadas por sectores de las clases medias y altas, que han atisbado la oportunidad de poner a la Presidenta contra las cuerdas. Algunos eslóganes, como la asimilación de la Presidente al "chavismo" o al "comunismo" son ridículos.

El segundo motor del debilitamiento político de Dilma Rousseff es la corrupción. Se trata de una plaga endémica en Brasil, consustancial a un sistema político perverso, por sus fundamentos y reglas de funcionamiento. Ya lastró y ensució el mandato de Lula, con su principal asesor, políticamente eliminado, y ahora  amenaza con hundir a Rousseff.

 

El escándalo que ahora concita la mayor parte de la indignación, el relacionado con el desvío de fondos y el pago de comisiones ilegales a ejecutivos de la compañía petrolera estatal Petrobrás, cuando Dilma era su máxima responsable. A ella no se la acusa de haberse lucrado  personalmente. Pero circulan acusaciones no probadas de financiación ilegal de su primera campaña electoral presidencial.

 

Algunos sectores políticos se basan en estas acusaciones para promover el impeachment, es decir el procedimiento de destitución de la Presidenta. Rousseff se ha resistido firmemente a esta iniciativa, que considera sin fundamento legal y jurídico y exclusivamente motivada por oscuros intereses.

 

La clase política se muestra dividida ante el movimiento pro-destitución. En parte, debido a que el escándalo salpica a figuras políticas tanto relacionadas  con los dos partidos que componen la coalición de gobierno (el PT de Lula y Rousseff y el PMDB (Partido del Movimiento de la Democracia Brasileiro), de centro-derecha) como de la oposición.

 

En algunos casos, parece haber una motivación personal de revancha. El Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aunque pertenece al aliado PMDB, está imputado en el escándalo y se declara a favor de abrir el proceso de destitución. Igual que un ex-presidente, Fernando Collor de Melo, que fue precisamente destituido por corrupción en 1992, luego pudo rehabilitarse y ahora es senador derechista. Sin embargo, otras prominentes figuras de la oposición, como el Presidente del Senado, René Caldeiros, que está siendo también investigado en la misma causa, se ha declarado contrario a la persecución de la presidenta.

 

A medio camino entre estas dos posiciones, se sitúa el propio rival de Rousseff en las últimas elecciones, Aecio Neves, y su correligionario, el actual gobernador del Estado de Sao Paulo, el más rico y poderoso del país, Geraldo Alckmin, quienes han preferido inhibirse en el debate público, con el evasivo argumento de que "no les corresponde a ellos" resolver la crisis política, aunque, en el caso de Neves, no se cansa de fomentar las protestas callejeras contra la Presidenta.

 

Para interpretar este juego político, abierto y subterráneo, es preciso conocer las reglas y mecanismos de un sistema electoral y unos mecanismos de representación  bastante perversos, ligado al dinero, familias e influencias. Aunque la izquierda lleva gobernando casi una década, desde diciembre de 2006, los grandes poderes económicos conservan una capacidad de decisión, bloqueo y condicionamiento muy temibles.

 

Por otro lado, la crisis económica ha erosionado los avances sociales ya iniciados durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (ahora en posiciones centristas, pero claramente enfrentado al PT) y profundizados en los años de prosperidad y abundancia del gobierno de Lula, favorecido por una coyuntura económica internacional positiva.

 

Con el agotamiento de este modelo, la derecha se sintió fuerte para presionar en despachos y salones, redacciones y platós, pero sobre todo en la calle. Ya había conseguido imponerse en el legislativo con la mayoría política más amplia de los últimos años. El PT sólo dispone de un 14% de los diputados y otro tanto de los senadores. Este escenario es aún más hostil que el soportado por Obama en Estados Unidos.

 

Dilma Rousseff, ex-guerrillera y de naturaleza combativa, parece decidida a resistir. Es una mujer y una política de fuerte carácter. Pero quizás no pueda resistir el abandono de los suyos. Hay una corriente de desencanto en las bases sindicales, comunitarias y políticas que ya se avistaban en los últimos años de la presidencia de Lula. Si la derecha consigue mantener y alentar el clima de frustración social, no es descartable incluso un movimiento de fuerza. Lo reconocía hace poco la propia Presidenta: "hay una cultura de golpe en el país, aunque no existen las condiciones para que se produzca".

 
 
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