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Opinión. CASO MARTINS
LA IMPORTANCIA DE UN ESTADO PRESENTE
01.03.15. La UIF (Unidad de Información Financiera) logró que la Justicia continúe investigando a la banda de Raúl Martins, dedicada a la trata de personas para su explotación sexual y que estaría integrada por ex agentes de Inteligencia. En la denuncia, se involucra a funcionarios policiales y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
 
Lorena Martins, la denunciante
 

El pasado 20 de febrero, apareció en algunos medios una noticia que para muchos, pasó absolutamente desapercibida: la Sala I de la Cámara Criminal Federal, a instancias de la UIF (Unidad de Información Financiera), había determinado que la nulidad de lo denunciado por Lorena Martins alcanza a su padre, pero no al resto de los integrantes de la banda. Recordemos que esto se inició hace ya cuatro años, cuando la mencionada Lorena Martins denunció a su progenitor (Raúl Martins, ex agente de Inteligencia) por liderar "una red criminal dedicada al delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual" (Causa 14351/2010). La jueza María Romilda Servini de Cubría había archivado la causa, pero ahora la Cámara le ordenó continuar con la investigación en el fuero federal. En la denuncia, se presume la existencia de sesenta locales de la Capital Federal donde ejercería la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual e involucra a funcionarios policiales, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a ex agentes de Inteligencia, liderados por el mencionado Raúl Martins. El impulso dado a la causa a pedido de la UIF, derivó en un procedimiento -y esto sí fue cubierto por la mayoría de los medios- realizado en un conocido local de la Recoleta porteña (Anchorena Swingers), ordenado por la jueza y llevado a cabo por personal de Prefectura. Se procedió a la clausura del lugar y se secuestró documentación que, en principio, probaría los ilícitos que dieron orígen a la causa. Respecto de detenciones, no hubo información oficial.

Por supuesto, es para destacar la férrea voluntad y el compromiso permanente de Lorena Martins -hoy viviendo fuera del país, por las amenazas constantes que recibe- y la disposición del Estado Nacional (en este caso, a través de la UIF que dirige José Sbattella), para que se investiguen estos casos y evitar que queden impunes. 

 
 
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