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Opinión. Santiago Deschuter
Tarifazo: La hegemonía neoliberal de Macri y Vidal
21.05.18. A mediados de esta semana que termina, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) publicó una resolución donde prohíbe que se cobren tasas municipales en la factura del servicio eléctrico. La medida también afecta a las cooperativas que no podrán cobrar prestaciones propias, como por ejemplo el servicio funerario.
 
 

Más de un distraído ha salido a festejar la iniciativa como un alivio a sus ingresos. La realidad es que esto no constituye ninguna solución, por el contrario solo agrava el problema y tendrá en el corto plazo  nefastas consecuencias  para la población. Vamos por partes

En primer lugar, que a un usuario le “separen” las tasas municipales de la factura, no implica que no deba abonarlas. Por el contrario, uno podrá abonar “la luz” y no pagar las tasas municipales pero bajo ningún aspecto evitará que la deuda de tasas pendientes caduque o desaparezca. Solo será un pasivo que irá incrementándose  y acumulando intereses. 

Pero además ¿quién es el más perjudicado ante el no pago de tasas?

Si nosotros analizamos la composición de los ingresos del municipio de Luján, los datos indican  que el índice de cobrabilidad de las tasas municipales que se facturan de modo directo no llega al 40%. 

Distinta es la situación cuando las tasas se facturan a través de la cooperativa eléctrica. Cerca del 90% de los usuarios abona su factura por el servicio eléctrico. Por consiguiente, por esa vía pagan también una parte significativa de las tasas municipales. No es difícil darse cuenta de lo que implicaría para las finanzas municipales separar el cobro de las tasas de la factura de la electricidad. Nos referimos al fondo de infraestructura, la tasa asistencial y de acción social, la tasa destinada  a los bomberos…

Hay quién dirá “Luciani gobierna horrible”. Estamos de acuerdo. Otra/o  agregará “nunca hizo nada por los barrios y localidades”. También estamos de acuerdo. Alguien afirmará “no hay control de cuál es el destino de los ingresos municipales”. Estaremos absolutamente de acuerdo.

Hay muchísimos motivos para reclamarle al gobierno municipal: mala gestión, falta de planificación, abandono de barrios y localidades, tercerización de servicios que antes eran brindados por el municipio, etc. En ese sentido, urge también una auditoría integral de cuál es el destino de todos los ingresos que obtiene el municipio. 

Pero hay que ser claros. El desfinanciamiento del estado municipal no constituye solución alguna. Solo resuelta en un ajuste y un empeoramiento de todas las prestaciones destinadas a la comunidad. Habrá menos fondos para el hospital, la infraestructura de nuestro distrito, las prestaciones sociales y asistenciales. En definitiva, es, ajuste mediante, una pérdida de nuestros derechos, afectando esencialmente a los más humildes. 

Toda batalla política es también una batalla cultural. Los neoliberales nos han hecho creer que todo lo estatal es malo y perjudicial para las clases populares. Afirman que hay que generar las oportunidades a través del libre mercado (o mercado liberado como reclaman los más ortodoxos) para que el ciudadano se realice, progrese y se aleje del populismo (ligado siempre a la injerencia estatal). Todas las oportunidades están en el mercado

 Pero en la medida que nos venden programas de ajuste, desarme del estado, libre comercio a ultranza y anulación de derechos y conquistas sociales obtenidas luego de décadas de lucha para hacer prevalecer el mercado, mantienen silencio ante la estructura y correlación del estado y el mercado en los países europeos y del norte de América donde precisamente las características son inversas y suele ser recurrente ver que el fortalecimiento del estado estatal deriva en una regulación del mercado. Desregular el mercado y desarmar el estado implica una conducta suicida para la configuración político, social y económica de cualquiera de los países centrales. Así lo es hoy y así ha sido históricamente. 

Está claro que no se trata solo de un estado presente, también se trata de disputar el sentido del estado;  de  definir cuál es su propósito. El coro cotidiano de fundamentalistas existentes en los medios de comunicación que  taladran la cabeza del desprevenido televidente, apunta al subsidio en las tarifas de energía como uno de los grandes males nacionales en la última década. La realidad indica que en gran parte de los países centrales se brindan más subsidios que los que se otorgaron en Argentina en los últimos años. También hacen silencio cuando el estado argentino subsidia a los especuladores financieros,  que obtienen ganancias  del 40% comprando lebacs que luego, fugan  en dólares.

El tarifazo plantea dilemas. ¿Se trata de resolverlo mediante la quita de impuestos provinciales y tasas municipales?¿ Es válido el intercambio entre Macri y los gobernadores donde uno reclamaba que quiten impuestos provinciales y los otros que se baje el iva para aliviar el impacto del monumental aumento? 

Lamentablemente ambos acuden al mismo fundamento. Reducir los ingresos del estado, y por consiguiente achicar la intervención del mismo. Resulta entendible la posición desde un neoliberal asumido; mas cuesta comprenderlo desde quién pretende erigirse en oposición.

Pero entonces, ¿dónde radica el problema? Algunos datos ayudan a entender el panorama

Más del 70% de la electricidad en la Argentina se genera utilizando el gas como insumo. Desde la asunción de Macri, y con el ex ceo de Shell, Aranguren al frente del ministerio de energía, el gobierno nacional resolvió - sin justificación alguna - elevar el costo del gas en boca de pozo de 2 dólares a 5.75 dólares el millón de BTU, siendo el más caro de todo el continente americano. El plan prevé que para el 2019 ese monto llegue 6.80 dólares. A este monumental aumento se le suma el incremento en los costos de transporte y distribución y una devaluación de más del 150% de nuestra moneda. Por lo tanto, el principal insumo para la generación de electricidad en nuestro país está dolarizado, regido por la lógica del mercado y fuera de cualquier control estatal.

Si nos remitimos a la provincia de Buenos Aires, hay que considerar el inédito control monopólico de la distribución que existe, habiendo un solo grupo económico (cuya cabeza es el financista Rogelio Pagano) como propietario de las 4 distribuidoras (Eden, Edea, Edes y Edelap) de electricidad de  la provincia, violando todos los marcos regulatorios vigentes.

También hay que agregar, novedad exclusiva del macrismo, la privatización de la generación de la energía. Pese a declarar el año 2017 como año de las energías renovables, poco y nada se hizo por promover alternativas en la generación de energía. En el marco de una emergencia energética jamás justificada, se construyeron industrias termoeléctricas que proveen al  estado argentino de electricidad y por cuyo costo el gobierno abona cifras exorbitantes. Con la connivencia de la gestión local, Araucaria Energy S.A. pretende sumarse al festival de la provisión de energía con contratos leoninos haciendo punta en Luján.

Hablar de tarifazos implica ir al nudo central de la cuestión y poner en discusión lo que poco se menciona: la descomunal rentabilidad de las empresas a las cuales se les ha permitido desde el gobierno de Mauricio Macri y María “lobo disfrazado de cordero” Vidal  aumentar las tarifas generando una transferencia de ingresos inédita en la historia argentina, de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía. 

Esta gigantesca transferencia vino acompañada de varios cambios. La privatización y concentración de la energía,  cedida a grupos económicos vinculados al gobierno, el abandono del estado como ente regulador y fijador de las tarifas, y el desconocimiento de la energía como un bien que  a la vez es un derecho para la comunidad (de acuerdo a lo establecido por las leyes internacionales) y un servicio para el desarrollo de la producción nacional.

Poner en discusión el tarifazo significa poner en discusión la concepción entreguista y  colonial de la energía que tiene el gobierno de Macri e informar y esclarecer al pueblo argentino sobre el descalabro al cual conduce esta política. Implica también formular una propuesta superadora. Para quienes rescatamos un proyecto de carácter popular significa recuperar la energía para las necesidades de las mayorías populares. Lo cual solo puede hacerse nacionalizando la producción, distribución, transporte y provisión de la energía; y definiendo que la misma debe quedar bajo la órbita estatal (como sucede en los principales potencias)  para afianzar de esta forma la soberanía.

Poner este programa en marcha,  requiere primeramente construir una fuerza político y social que detenga el desguace del país que están llevando a cabo estos rufianes. Esa es la tarea más urgente. Hay que iniciarla, sin pausas

 


 
 
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