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la CGT acusó al Gobierno de “persecución gremial” y recurrirá a la OIT
04.07.17. El triunvirato unificado de la CGT acusó al juez Martínez de Giorgi de utilizar un caso añejo como una "excusa que esconde objetivos políticos". En el Gobierno lo comparan con Omar "Caballo" Suárez.
 
 

Pocas horas después de la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), y del procesamiento de su secretario General Omar Plaini, la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió en un comunicado la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la calificó como “una excusa que esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del gobierno nacional”. El caso, anticiparon, será denunciado “ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con la firma de los tres integrantes del triunvirato de la CGT unificada, el comunicado acusó al juez de “inmiscuirse en la vida interna del gremio” y también le recordó que la utilización de “la ley de Asociaciones Profesionales no solo está fuera de su órbita de acción, sino que ejerce violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en el marco de la ley que los regula”.

La jefatura confederal le pidió públicamente a Martínez De Giorgi, al ministro de Trabajo Jorge Triaca y a todo el Ejecutivo que encabeza el presidente Mauricio Macri, que “cesen en la intervención del gremio y, como viene sucediendo en tantos otros casos, la persecución a dirigentes gremiales”.

Para la CGT, la intervención del gremio y su descabezamiento son “síntomas propios de un ataque a la institucionalidad sindical” y “al modelo de representatividad de los trabajadores argentinos”.

Ante las consultas de Letra P, los voceros del ministerio de Trabajo no quisieron referirse al conflicto que puede desatarse con la CGT, aunque fuentes de la Casa Rosada compararon el caso con la intervención del Sindicato de Obreros Martítimos Unidos (SOMU), que implicó la detención de su secretario general, Omar Caballo Suárez, en septiembre de 2016, por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Sin embargo, la comparación que lanzó el Gobierno, no se sustenta en los expedientes. 

EL CASO PLAINI. El expediente que investiga a Plaini data de 2013, hace cuatro años, y fue originado por la denuncia de una agrupación interna disidente a la conducción de Plaini por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales de ese año. El caso lleva el número 54.138/2013 y está en manos de Martínez de Giorgi, que este lunes ordenó allanar la sede del sindicato y procesar "sin prisión preventiva” a Plaini, por los delitos de “uso de documento público falso -art. 296 en función del art. 292, segundo párrafo, del Código Penal-, y en calidad de autor, de conformidad con lo normado por los artículos 306 y 310 del Código Procesal Penal”.

Al respecto,  el juez decidió “trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos” y “decretar la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires (SIVENDIA) y disponer la administración provisoria por parte del Ministerio de Trabajo”.

En el mismo fallo, el juez decidió “suspender en el ejercicio de sus funciones de Secretario General" a Plaini y "a los restantes integrantes de los órganos de conducción y deliberativos del SIVENDIA, como así también los de fiscalización y electorales”.

EL CASO SUÁREZ. El “Caballo” tiene dos procesamientos en la justicia federal: uno como supuesto jefe de una "asociación ilícita" y otro por presuntos "entorpecimiento de la navegación" y "extorsión". El 14 de junio pasado, hace dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme su procesamiento con prisión preventiva. Los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani declararon "inadmisible" los recursos que había presentado el sindicalista contra un fallo anterior, que había confirmado su prisión preventiva por "asociación ilícita en calidad de jefe y organizador".

 
 
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