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Politica . TRAMA DE COMPLICIDADES
Triaca y Bullrich, aliados clave de Clarín en la recuperación violenta de AGR
08.04.17. El lunes pasado, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), del Grupo Clarín, ya se habían preparado para lo peor: un posible desalojo violento de la planta que mantenían tomada desde principios de año, cuando fueron despedidos los 380 empleados de la imprenta en medio de una maniobra de vaciamiento.
 
 

 La respuesta de solidaridad y apoyo impidió la aplicación inmediata de la orden judicial. "Ese lunes estaban envalentonados por la marcha del 1A y,  como vieron que podía ser un desastre, esperaron a que se concretara el paro nacional. Este jueves, cuando vimos que el Gobierno celebraba la represión de Panamericana y 197, nos preparamos para que volvieran a la carga este viernes. Y finalmente pasó eso, pero sólo hemos cambiado de escenario, porque seguimos en la puerta de la planta", explicó a Letra P el delegado gremial Gerardo González, uno de los miembros de la Comisión Interna de los trabajadores de AGR, que este viernes tuvo que atravesar una dura negociación ante un operativo de desalojo conjunto realizado por efectivos de Gendarmería Nacional y Policía Federal, bajo la coordinación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Dentro del Gobierno evitan cualquier vinculación con el tema y le tiran la pelota a Pablo Casas, titular del juzgado contravencional N° 14 que hizo lugar a los pedidos de los abogados del Grupo Clarín para hacer efectivo el desalojo. "Pasaron tres jueces hasta que Casas tomó la decisión", resume González, luego de recordar la peregrinación que tuvieron para obtener la fallida intervención del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que se negó a recibirlos siempre, incluso cuando los trabajadores protagonizaron un piquete y un negociador se había comprometido a obtener la reunión en "cinco minutos". "Cuando levantamos el corte nunca nos recibieron y después de cinco reuniones con funcionarios de segunda y tercera línea pusieron en un acta que no había ninguna forma de mediar y que dejaban la opción de continuar en la Justicia", contó el delegado. El detalle no es menor, porque luego del portazo de la cartera laboral los trabajadores quedaron expuestos, sin redes, al juicio por desalojo que comenzó a ejecutarse, tal como lo pronosticaban adentro de la planta, en las primeras horas posteriores al paro nacional del 6A.

"A las 11.30 de la mañana nos enteramos que estaban agrupándose cerca. A las 12 cayeron, primero llegó la Federal en el frente y alrededor la Gendarmería. Pudieron una línea de Infantería delante y apareció uno con un megáfono, por delante de los escudos y ametralladoras de los otros", recordó el delegado. Luego la secuencia fue la habitual escena después de una saturación brutal de efectivos, donde los jefes del operativo gesticulan delante de los trabajadores para que vean cómo están preparando todo para sacarlos. "Se acercó uno de los responsables, nos dijo que venían con una orden de desalojo sin detenciones del juez Casas. Ahí empezamos a negociar", detalló González.

Los jefes del operativo se negaron a comunicar a los trabajadores con el fiscal e incluso con el juez, que recibió en esos mismos instantes una carta firmada por distintos organismos de derechos humanos que lo hacían responsable de las consecuencias de la represión que había habilitado para el desalojo. Luego de las 14, cuando Casas recibió la advertencia, los negociadores accedieron a una filmación conjunta del interior de la planta y la posterior salida de los trabajadores. "Sabíamos que querían un caso testigo para reprimir y no íbamos a darles el gusto. No íbamos a poner en riesgo de ninguno de nuestros compañeros ante la provocación del operativo, luego de 82 días de ocupación pacífica en defensa de nuestras fuentes de trabajo", justificó el delegado.

A las 15.30 la Federal ingresó a la planta y luego lo hicieron las tropas de Gendamería. Posteriormente entraron camiones con personal para el aseguramiento de la planta. "Nos vamos con la frente en alto", dijo Pablo Viñas, de la misma comisión interna, cuando estaban saliendo de la imprenta rodeados por unos 500 activistas sindicales, militantes de partidos de izquierda y familiares de los despedidos que se habían acercado en pocas horas al lugar para rodear de solidaridad a la toma y enfrentar la represión.

El argumento principal del Grupo Clarín para el cierre y los despidos fue que se trataba de una actividad deficitaria, pero los trabajadores demostraron que la empresa mandaba pedidos de impresión a otras plantas para simular la razón del cierre. Durante los 82 días de toma hasta llegaron órdenes de pago de facturaciones que AGR seguía haciendo, aún en medio del conflicto, en otros complejos impresores. Todos esos elementos fueron ignorados por la cartera laboral que libró el caso a la suerte de la Justicia ante la oferta indemnizatoria de la empresa. A la vez  ignoró el planteo de los trabajadores para la preservación de las fuentes de trabajo y abrió la puerta para que la cartera de Seguridad profundizara la acción de las fuerzas de seguridad, que ya habían desplegado tareas de inteligencia sobre los trabajadores y sus comunicaciones telefónicas. 

"Hubo policias de civil todo el tiempo, incluso el lunes estaban metidos en una de nuestras carpas y nos dimos cuenta porque les sonó la radio. Nos dijeron que eran de la brigada de robo de automóviles y estaban por otra cosa, pero sabemos que tienen interceptados nuestros celulares porque dentro de la planta era muy dificil comunicarse", retrató el delegado para aportar solo una pincelada del seguimiento de inteligencia que desarrolló el ministerio de Seguridad sobre los trabajadores y que incluso llegó a ser filmado por un canal de televisión, que acompañó al diputado nacional Néstor Pitrola, del Partido Obrero, mientras golpeaba la puerta de camionetas que desde afuera parecían móviles de televisión, aunque adentro tenían a numerarios policiales o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El espionaje político fue denunciado ante la Justicia como una flagrante violación a la Ley de Inteligencia y es investigado por federal Ariel Lijo. 

 

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