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Politica . CÓMO ESTIGMATIZAR A LOS INMIGRANTES
Para justificar reforma migratoria, Bullrich falsifico las estadísticas
01.02.17. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró esta semana que los extranjeros representan el 33% de los detenidos por causas ligadas al narcotráfico. Falso. Según datos oficiales, la funcionaria, para respaldar el plan oficial de endurecimiento de la política migratoria, infló 83% las estadísticas reales.
 
 

El informe que contiene la información verdadera –titulado “Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas”- pertenece al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y fue elaborado en 2016, es decir, por la gestión Cambiemos. O sea: Bullrich contradice a sus colegas de la cartera que conduce Germán Garavano.

En su página 10, el documento indica que “los argentinos representan el 82% de las personas detenidas por esta causa”, en relación a infracciones a la ley 23.737. Y completa: “El resto son extranjeros”. La cuenta es fácil: los extranjeros detenidos por narcotráfico representan el 18% de la población carcelaria argentina.

Más aún, el informe oficial ingresa en el tema con una aclaración: “La distribución según nacionalidad de los infractores (a la ley de drogas) se ha mantenido estable en términos generales” entre 2005 y 2015, que es el período analizado. De esa afirmación puede desprenderse la conclusión de que la participación de extranjeros en el narcotráfico en el país no creció. Al menos, en términos proporcionales, más allá de que haya acompañado el aumento general de la tasa de encarcelados por esta causa, que, según el informe, se duplicó en esa década.

Si “la distribución según nacionalidad de los infractores se ha mantenido estable”, lo que no termina de entenderse, entonces, es la urgencia que plantea Bullrich para endurecer los controles migratorios a través de un decreto, según anticipó la funcionaria, establecerá –en sus disposiciones medulares- que “aquel que cometió un delito en su país, no entra a la Argentina”, y que “aquel que cometa un delito en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida”.

 Sobre el primero de esos postulados, el ex camarista y ex ministro de Justicia León Arslanian hizo este jueves, en diálogo con radio Del Plata, una distinción central. Consideró “correcto que no se admita el ingreso de personas que tienen procesos penales en curso en sus respectivos países” - aunque explicó que, en los casos de extranjeros sobre los que no pesen restricciones para salir de sus territorios, el país de admisión “no tiene objeción alguna que plantear”-, pero advirtió que, si se intentara prohibir el ingreso de personas con antecedentes penales pero que hubieran cumplido sus condenas, eso generaría “problemas de naturaleza constitucional”.

 El informe del SNEEP puntea, sobre el final, los “principales datos” que surgen del relevamiento. Son los siguientes:

La tasa de detenidos por infracción a la ley de drogas se duplicó.

En el período 2005-2015 el aumento de varones fue significativo en tanto que el número de mujeres se mantuvo sin variaciones. En su distribución actual, el 86% son varones y el 14% mujeres.

En 2005, 1 de cada 2 mujeres estaba detenidas por la ley de drogas, en cambio en el 2015, esa proporción disminuyó a 1 cada 3 detenidas.

La franja etaria preponderante se ubica entre los 25 y 45 años alcanzando al 65% en el 2015.

El nivel de instrucción es bajo comparado con la población general del país. No obstante mejora si se lo compara con el nivel educativo del resto de los detenidos. El 15% completó estudios secundarios. De los detenidos con estudios de nivel superior, uno de cada 5 estaba preso por infracción a la ley de drogas.

La actividad laboral previa al ingreso evidencia una evolución negativa, presentando un marcado ascenso del nivel de desocupación y precarización laboral al momento del ingreso al sistema penitenciario, en el período 2005-2015.

Solo 1 de cada 3 de los detenidos por infracción a la ley de drogas tiene condena (2015). El 69% se encuentra procesado. Es prioritario acelerar aquellas causas judiciales que mantienen a las personas privadas de libertad pero sin una resolución de su situación judicial.

En ninguno de esos puntos, como se ve, se hace referencia a la participación de extranjeros en la población carcelaria vinculada a delitos de narcotráfico, lo que da a entender que, para el propio gobierno que integra Bullrich, no constituye un problema central que justifique la urgencia y la gravedad que le asigna la jefa de la cartera de Seguridad.

 
 
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