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Politica . Todos contra Cristina
Cristina denunció ante la justicia una campaña de “espionaje y persecución política”
30.01.17. Ante un juzgado de Río Gallegos, la ex presidenta reclamó que se investiguen los delitos derivados de la grabación y difusión de una conversación telefónica suya con Oscar Parrilli. Advirtió que “un componente mafioso” vincula a sectores del poder político, la justicia federal y los medios hegemónicos.
 
 

“Una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de nuestro país". Ese es el contexto descripto por Cristina Kirchner en la presentación judicial realizada ayer por la grabación y divulgación pública de su charla por teléfono con Oscar Parrilli, hecho sobre el cual reclamó que se investiguen los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público.

Consideró “más que evidente” que la filtración del audio es “una maniobra de claro carácter criminal” que “pone al descubierto de manera aún más fidedigna el componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la Justicia Federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación”.

La denuncia fue realizada ante la justicia federal de Río Gallegos, y en la presentación solicitó ser querellante en la causa, y que se la cite para ratificar la denuncia. Además, pidió que sean citados a declarar todos los funcionarios responsables por las escuchas.

En el texto elevado, la ex presidentaaseguró que por esa “feroz campaña” en su contra desde el final de su mandato, es víctima de “maniobras de seguimiento” tanto sobre sus movimientos en Santa Cruz como en sus viajes a Buenos Aires. A eso ahora se sumaron las escuchas difundidas a través de los medios de una conversación con Parrilli, en la que se refieren a una entrevista periodística del diario “La Nación” al ex jefe de espionaje Antonio Stiuso,en julio del año pasado.

“No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mantienen activos”, señaló Cristina, y dijo no poder descartar una vinculación de esos sectores con las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), “todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación”. Remarcó que el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, es “un hombre de la más íntima confianza” de Mauricio Macri.

También destacó que el actual presidente estuvo procesado por el delito de asociación ilícita perpetrado cuando era jefe de gobierno porteño, por la conformación de una estructura de inteligencia paralela dedicada al espionaje telefónico.

La líder del kirchnerismo recordó en ese sentido que “sólo tras el cambio de gobierno, y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático al que antes hiciera referencia, el Ing. Macri terminó siendo sobreseído por la justicia federal, insisto, al día siguiente de que asumiera la Presidencia de la Nación, pese a que quedo plenamente acreditado la existencia del sistema de escuchas ilegales en el ámbito del Gobierno de la ciudad de Bueno Aires".

Sobre el audio de su conversación con quien fuera secretario general de la Presidencia en su gobierno y antes en el de Néstor Kirchner, y luego director de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina afirmó que “resulta indudable que estamos en presencia de un grave hecho delictivo”. Remarcó que la grabación no tiene ninguna relación con la causa penal vinculada al ex prófugo Ibar Pérez Corradi por la cual se habrían ordenado interceptar el teléfono Parrilli.

Recordó que Pérez Corradi fue detenido el 16 de Junio del 2016 y, al contrario de lo que esperaba el gobierno de Cambiemos, no apuntó en su declaración judicial contra ningún funcionario del kirchnerismo, y en cambio mencionó a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y al ex senador radical Ernesto Sanz, por presuntos pedidos de coimas.

La ex mandataria cuestionó que todavía ningún estamento ni organismo se hizo cargo de la divulgación de la escucha y apuntó a la Corte Suprema de Justicia, al juez Ariel Lijo, al fiscal Guillermo Marijuan y a la Agencia Federal de Inteligencia, a la que según Lijo se remitieron los audios.

Remarcó que las actuaciones en el marco de una causa judicial tienen carácter reservado. “Mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien, como es mi caso, no tiene vinculación alguna con la causa penal”, insistió quien fuera dos veces presidenta de la Nación.

 

 
 
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