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Provinciales. por Mario Dieguez
TODO BIEN, TODO LEGAL: ASI TE ROBA VIDAL
01.01.17. El Decreto 1278, legaliza la recaudación de 165 millones de dólares anuales, para financiar la caja política de Cambiemos.
 
 

En la última semana, las redes sociales se llenaron de posteos que hablaban de que la gobernadora Vidal había llevado su sueldo a más de medio millón de pesos. El orígen de esa especie, es el famoso Decreto 1278, redactado por Gerardo Conte Grand -quien cumplió, de ese modo, con su último gran servicio como Secretario Legal y Técnico de la gobernación- y firmado en el mes de octubre por Vidal, el Ministro de Economía, Hernán Lacunza y el ex titular de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante. Hoy, como todos sabemos, Conte Grand fue ascendido al cargo de Procurador General de la provincia. Pero para hablar del mencionado decreto, debemos retroceder en el tiempo, hasta la bochornosa sesión de la cámara de diputados bonaerenses, en la que sin debate, en medio de un escándalo y con miles de manifestantes protestando sobre la Avenida 7 de La Plata, se aprobó la Ley de Emergencia Administrativa elevada por el ejecutivo y que contaba con media sanción del senado. La Ley 14815 de Emergencia Administrativa y Tecnológica, fue –como ya se ha dicho- aprobada sin debate y con escándalo (no es ocioso reiterarlo), el 19 de mayo de 2016 y promulgada por la gobernadora, en menos de 24 horas. Quienes levantaron la mano para que ello fuera posible, fueron  todos los integrantes del bloque de la alianza Cambiemos, todos los integrantes del massista Frente Renovador, más los legisladores que responden al FAP de Stolbizer y los autodenominados peronistas Hugo Oroño, Mario Giacobbe y Mónica López. Se opusieron a la norma los tres bloques en los que se dividió el FPV y el unibloque izquierdista del legislador Guillermo Kane. Afuera del palacio legislativo, manifestaban su rechazo a la ley más de diez organizaciones gremiales y un par de organizaciones políticas. Y vale la pena analizar algunos aspectos de la ley, que explican claramente la oposición de los trabajadores provinciales. La norma, en su articulado, posibilita la contratación de personal en modo locación de servicios, por períodos cortos, en clara contraposición a lo estipulado en el Decreto 37/15B que limita el ingreso de nuevos trabajadores al Estado. Esto consta en los artículos 25 y 26 de la mencionada ley, que crean un nuevo régimen de contratación de la administración pública, denominándolo “Personal de Gabinete”, o sea que se autoriza a ministros y titulares de organismos descentralizados a contratar a una persona para que preste un servicio determinado, sin sujeción a un resultado concreto, siempre que responda “a una necesidad de carácter transitorio o estacional debidamente documentada y que por su complejidad o especialización no pueda ser cumplida por personal de planta permanente”. Esto, por supuesto, no resiste el menor análisis, ya que significa –lisa y llanamente- que ninguno de los miles de empleados del Estado provincial, profesionales o no, sirve para la gestión de los servicios que el mismo presta. O, en otras palabras, que se vuelve a los ya conocidos “servicios de consultoría” privada (tan en boga en los 90), ahora figurando como “asesores de gabinete”, más que bien remunerados. Todo ello en detrimento de empleados de planta que, desde siempre, bien, mal o más o menos, desempeñan su tarea diaria en la gestión administrativa  de sucesivos gobiernos. Pero esto no termina aquí.

Por supuesto, obtenida la herramienta legal, los CEOs de Cambiemos se dedicaron, rápidamente, a la ingeniería económica que les permite trasegar fondos presupuestarios hacia el financiamiento de la política (en definitiva, tanto la Ley 14815, como el Decreto 1278, se hicieron para eso. Y siempre recordando que nada de esto hubiese sido posible, sin el concurso de una parte de la legislatura). Pero esa ingeniería, necesariamente, conlleva un altísimo grado de opacidad. Ahí entra a tallar la remuneración modular, similar a la que se usa en el poder legislativo, mediante la cual, senadores y diputados, pueden distribuir dinero entre personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos correspondientes. La diferencia, radica en que en el caso de la gobernadora, sus ministros, secretarios y subsecretarios, estos fondos se derivarán a particulares que, seguramente irán rotando y a los que será muy dificultoso auditar y controlar. Los “asesores”, pasan por caja y se la llevan. Así de fácil. Pero volvamos al sistema modular y al dato duro de los números. El Decreto 1278, estipula el valor del módulo en $ 17,50 y otorga a la gobernadora la cantidad de 30.000 módulos por mes, es decir $ 525.000 que, multiplicados por los 12 meses, ascienden a $ 6.300.000 anuales. A ministros y secretarios de Estado, se le asignan 25.000 módulos mensuales, o sea $ 437.500. La provincia tiene hoy 14 ministerios y 6 secretarías, de manera que hacia esos organismos, se derivan $ 8.750.000 mensuales, lo que anualmente, da la friolera de $ 105.000.000. En el actual organigrama provincial, figuran 60 subsecretarías, a las que les corresponden 20.000 módulos a cada una, es decir, $ 350.000. La suma mensual que insumen la totalidad de las subsecretarías, asciende a $ 210.000.000. Multiplicados por los 12 meses del año, suman $ 2.520 millones. Ayúdeme con su calculadora: según estos números, Vidal y su equipo de CEOs de Cambiemos, dispondrán para usar discrecionalmente durante el año, la suma de $ 2.631.300.000 o, para hacerlo más fácil, U$S 165 millones. Si: 165 “palos verdes” anuales, al sólo efecto de financiar la política de Cambiemos.

La verdad? Si como interpretaron algunos, Vidal se hubiese aumentado su sueldo un 1.000%, no sería tan grave como la perpetración de semejante latrocinio. Mientras tanto, la provincia se sigue endeudando y –tal como puede verse- para hacer frente a gastos corrientes, como la “contratación de asesores”.

 

 

 
 
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