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Provinciales. RELEVAMIENTO PROVINCIAL
Unas 400 mil familias bonaerenses viven en asentamientos sin acceso a luz, cloacas y agua
02.11.16. Los datos fueron dados a conocer por la organización civil TECHO Argentina, que relevó la existencia de 1.352 villas en la provincia de Buenos Aires. Al nivel nacional, hay 3 millones de personas viviendo en esta situación.
 
 

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, según el informe, se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país.

Casi 400 mil familias de la provincia de Buenos Aires viven en villas o asentamiento informales, donde la mayoría no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica, a la red cloacal y al agua corriente.

Las cifras fueron reveladas por la organización civil TECHO Argentina en su Relevamiento de Asentamientos Informales de 2016, presentado ayer el Congreso Nacional. Según el trabajo, en el territorio bonaerense existen 1.352 asentamientos, donde residen aproximadamente 397.705 familias.

De acuerdo al mapa difundido por TECHO Argentino, la mayoría de las villas y asentamientos informales se concentra en localidades del Conurbano bonaerense, seguido por Mar del Plata y Bahía Blanca. En tanto, en la zona del norte y noroeste bonaerense, se registran en mayor medida en Zárate, Pergamino y Junín. 

El número significa más de la mitad de los asentamientos que existen a nivel nacional (2.432, donde viven aproximadamente 650.685 familias). Los mismo están ubicados, además de la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal, Córdoba, la zona de Gran Corrientes, Gran Resistencia, Misiones (Departamento Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente); Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul, Cutral-Có y Arroyito; Alto Valle de Río Negro; parte de la provincia de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal); el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, según el informe, se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país. “El informe busca elaborar un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados y aportar información precisa para la generación de políticas públicas que permitan abordar la problemática”, explicó Marina Morgan, Directora del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina

En relación al acceso a los servicios básicos, en Buenos Aires, el estudio agrega que en el 69,1% de los asentamientos informales, la mayoría de las familias no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 87,7% no cuenta con acceso regular a la red cloacal y en el 95,1 la mayoría de las familias no tiene acceso al agua corriente.

“Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Resolver la problemática de los asentamientos deberá ser prioridad en la agenda política de nuestro país si queremos ser una sociedad más justa y democrática”, sostuvo Pedro Passerini, Director Regional TECHO en Buenos Aires.

El informe también identifica los cambios que sucedieron entre el último Relevamiento de Asentamientos Informales en el 2013 y los resultados 2016. El informe actual amplía el territorio relevado tres años atrás, incorporando San Miguel de Tucumán, Gran Resistencia y Gran Corrientes. No obstante, en el mismo territorio del 2013, donde se encontraron 2.138 asentamientos y vivían aproximadamente 533.110 familias, en el estudio actual, se han relevado 2.062 asentamientos, con 594.970 familias.

Organización de vecinos

En 7 de cada 10 asentamientos, los vecinos y vecinas se han organizado para mejorar su barrio y piensan que su rol es organizarse y participar activamente en la toma de decisiones en los procesos de mejora.

En tanto, que 6 de cada 10 de los referentes entrevistados indicaron que la forma de solucionar el problema debería ser a través de la regularización dominial, con acceso a los servicios básicos, con créditos para vivienda y con programas de mejoramiento barrial.

 

 
 
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